Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego enfrentan crisis salarial
En Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, los sindicatos de docentes están en el centro de protestas que van en aumento. La queja principal es clara: una mejora salarial que realmente supere la inflación, para que el poder adquisitivo de los docentes no se vea afectado. A medida que estas manifestaciones se desarrollan, otros gremios de empleados estatales también se están uniendo a la causa, lo que puede intensificar aún más la situación.
La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) anunció un nuevo paro de 48 horas para el 5 y 6 de mayo. Pero ojo, esto depende de que el gobernador Alberto Weretilneck convoque a una nueva reunión paritaria antes del 30 de abril. La medida fue discutida en un Congreso Extraordinario, donde la secretaria general, Laura Ortiz López, dejó en claro que “seguiremos exigiendo que se continúe con el aumento según el IPC”, porque esto es fundamental para evitar aumentos no remunerativos.
Ortiz López resaltó la importancia de la fecha límite del 30 de abril, señalando “la urgencia de la docencia”. Además, anticipó una reunión con otros sindicatos provinciales para el viernes en su sede, en General Roca, para “iniciar conversaciones sobre una lucha colectiva”. El sindicato sostiene que el salario mínimo debería ser de $2 millones, junto con la transición gradual de la Asignación Docente a remunerativos y el ajuste salarial con base en el Índice Patagónico.
La tensión aumentó esta semana cuando UNTER denunció que no se había cumplido un acuerdo firmado el 13 de marzo sobre el pago de un bono. Desde el Gobierno explicaron que hubo un “error administrativo” en Tesorería, pero el sindicato exige el pago inmediato y ha mencionado la posibilidad de judicializar cualquier descuento arbitrario.
Al borde de una huelga general
La situación en Santa Cruz es todavía más preocupante. La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), junto con ATE y otros sindicatos estatales, advirtió que la provincia está al borde de una huelga general indefinida. Juan Manuel Valentín, secretario general de ADOSAC en Río Gallegos, expresó que “los salarios no alcanzan, y muchos compañeros se están quedando sin trabajo”.
La tensión se intensificó con un acampe de 36 horas frente a la Casa de Gobierno, que recién fue levantado, pero dejó una huella de tensión. Se instaló un vallado perimetral en la sede gubernamental, algo que los gremios consideraron “injustificable” y denunciaron como una actitud represiva hacia la protesta social.
Valentín enfatizó el impacto de la inflación. Según datos recientes, la inflación acumulada en los primeros tres meses del año superó el 9%. “Esto es una brutalidad”, dijo. “Si no convocan a paritarias, los salarios van a perder la mitad de su poder adquisitivo. Eso significa que estamos hablando de sueldos que ya estaban por debajo de la línea de pobreza”.
El temor también está en que varios gremios estatales se sumen a una huelga indefinida, lo que podría paralizar la provincia. Valentín alertó que esto “no será solo una protesta más”, ya que el objetivo es parar la provincia en áreas clave como la Educación, la Salud y la Administración Pública.
Marcha contra la “humillación”
En Tierra del Fuego, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego (SUTEF) se movilizó hacia la Legislatura en Río Grande. Esto coincidió con la reunión de la Comisión de Educación, donde el secretario general Horacio Catena criticó la exclusión del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo. “No vamos a aceptar humillaciones de quienes vienen a quitarnos derechos”, expresó.
Catena argumentó que la omisión del tema de la agenda no es casual y anunció un plan de lucha que incluirá jornadas de desobligación, movilizaciones y un acampe de al menos diez días. Si no hay avances concretos, las acciones podrían intensificarse antes de la próxima sesión legislativa, programada para el 30 de abril. “Si no hay Ley de Financiamiento Educativo, no habrá sesión”, aseguró, dejando entrever futuras protestas y bloqueos.
Los tres conflictos en la Patagonia tienen algo en común: salarios que no alcanzan para contrarrestar la inflación y gobiernos provinciales que, según los sindicatos, evitan convocar a paritarias o incumplen acuerdos. Para colmo, la Nación está destinando cada vez menos fondos a las provincias. Un informe destacó que, en el primer trimestre de este año, los recursos de coparticipación cayeron un 8%, mientras que los ingresos por impuestos provinciales descendieron un 4%.
Además, un relevamiento indicó que la Casa Rosada recortó la ejecución de transferencias nacionales a las provincias en un 65,65% desde que asumió Javier Milei, lo que ha generado una caída del 19% en términos reales de los recursos disponibles para las jurisdicciones.
Con una inflación proyectada entre el 40% y el 50% para este año, la resolución a estos conflictos parece un horizonte lejano.